La palabra decreto alude a la decisión tomada por una autoridad competente en un área institucional para habilitar un asunto de carácter administrativo o judicial.
Usualmente, el término se utiliza en el marco de decisiones que los gobiernos toman respecto de algún asunto. En este sentido, se vincula con la necesidad de señalar, de forma extraordinaria y urgente, una decisión que resuelva tal asunto.
Proviene del término decrētum, el cual significa sentencia oficial, u orden oficial. Se vincula con la normativa, las legislaciones y las reglas.
Además del uso vinculado con el Poder Ejecutivo, o con decisiones de gobierno, también se emplean en el ámbito religioso. Así, los decretos papales son acciones legislativas que el Papa, como cabeza de la Iglesia, puede tomar y hacer valer.
Existen diferentes tipos de decretos, y tal variedad está ligada en ocasiones con el tipo de gobierno que existe en cada país.
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Características generales.
En primer lugar, uno de los rasgos más importantes de un decreto es que son un elemento utilizado de forma exclusiva, e idealmente con poca frecuencia, por el Poder Ejecutivo de un país. Son creados con tal finalidad ya que suponen una intervención sobre legislación que excede las facultades para las que se instituyó (y que le están permitidas) a tal poder.
En segundo lugar, otro rasgo es la urgencia, la celeridad: se utilizan porque se necesita su aplicación de forma inmediata. En Argentina, por ejemplo, y durante la pandemia por COVID-19, el presidente de la Nación emitió un decreto con el cual se instituyó la emergencia sanitaria.
Esta fue la medida que se dispuso para poder empezar a tomar acción sobre cómo se protegería a la sociedad frente a la cantidad de casos que se registraron en el país.
Otra característica de un decreto es que no puede ir contra derechos ya instalados en la sociedad. Del mismo modo, un decreto no sirve para que se instauren o se legalicen derechos: el poder con capacidad para realizar este último acto es el Legislativo.
Finalmente, un cuarto rasgo es que la duración o validez que este decreto tiene no debe ser un amplio período de tiempo. Frente a tal situación, se estaría hablando de una ley y, como se señala, no puede proclamarse una ley mediante un decreto.
En estas situaciones, lo que debe hacerse es elevar las medidas que el decreto dispone, e iniciar el proceso correspondiente para que sea tratado como ley. Eventualmente, en las Cámaras que corresponda (Baja y Alta), puede que sea aprobado y que surja una nueva ley, o puede que sea rechazado.
Diferencias entre decreto y otros conceptos vinculados.
En el ámbito legal, existen algunos conceptos que describen acciones que una autoridad toma. En este sentido, encontramos los siguientes términos (que no debemos confundir con decreto, y que ayudarán a precisar su alcance).
En primer lugar, veamos qué significa ley. Del latín lex (regla), es una normativa jurídica que una autoridad reconocida y autorizada en su campo puede dictar. En ella, se señala que se acepta o se prohíbe algo, y tiene carácter de obligatoria. Es, entonces, un mandato que se determina a través de algunos recursos específicos, como por ejemplo, una mayoría de legisladores que vote por sí o por no.
Por otra parte, encontramos el concepto de resolución: esta alude a la decisión, también dictada por una autoridad competente y válida, que se toma sobre un asunto. La particularidad de esta es que no es modificable, ni puede someterse a votación como una ley. Sí es posible recurrir, posteriormente, a algunos recursos si no se está conforme con la decisión (como una apelación). Un término corriente es el de resolución judicial, y tiene que ver con la decisión a la que un tribunal llega.
En este sentido, la diferencia que podemos observar entre estos dos conceptos y el de decreto es que, en primer lugar, este está considerado de menor rango o jerarquía que una ley. ¿A qué se debe esta situación? A que si un decreto propone algo que vaya en contra de alguna ley ya vigente, no tendrá validez.
Por otra parte, si bien la discusión sobre un proyecto de ley puede se vincula con la urgencia de legislar al respecto, hay leyes que han debido atravesar un proceso de debate de muchos años para poder ser aprobadas. Un ejemplo es, en Argentina, el proyecto de ley para la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo.
Desde aproximadamente la década del 70 esta temática se incorporó a las agendas de las organizaciones para que se tratara en las cámaras correspondientes. En 2007, se presenta el primer proyecto de ley en el país, que, sin embargo, se rechazó al igual que los posteriores proyectos. No es sino hasta 2020, 13 años después y tras muchas reformulaciones, que se aprobó. Con un decreto, sin embargo, se determina que una situación se resolverá de manera extraordinaria y urgente.
En Argentina: el DNU.
En la República Argentina, quien preside la nación es quien tiene la autoridad para emitir decretos. La Constitución Nacional avala tal práctica, y se utilizan para poder regular la organización y administración de la república.
Cabe destacar que, tal y como se ha mencionado, un decreto no tiene una jerarquía más alta que una ley; de este modo, tampoco es posible aprobar leyes mediante decretos.
Sin embargo, además de los decretos comunes, existe uno que particularmente sí cuenta con carácter de ley. Este es el Decreto de Necesidad y Urgencia, conocido comúnmente como DNU. Un DNU se emite frente a una situación social crítica, y se implementa inmediatamente tras haberse emitido.
La aprobación de un DNU supone un proceso muy acelerado, que por lo general no tiene buena recepción en gran parte de la población. Como nación democrática, este tipo de estrategias suelen ser una situación que genera controversia. Veamos las razones.
Uno de los puntos por los cuales suele generar debates es que no le compete, al Poder Ejecutivo, la intervención en la promulgación de leyes. Esto sigue la doctrina que se vincula con la separación de poderes:
- El Legislativo, que las hace,
- El Ejecutivo, que las ejecuta,
- El Judicial, que las interpreta y hace que se cumplan.
El DNU, en este caso, supone que el Poder Ejecutivo autoriza la promulgación de una ley, de carácter urgente. Esto implica un acto que en otras instancias no tiene validez: en general, un presidente tiene la facultad de vetarlo, pero no de aprobarlo directamente.
De este modo, y en el país mencionado, el DNU tiene una larga tradición, vinculada con los gobiernos militares. Fue utilizado durante la segunda mitad del siglo XX por parte de los gobiernos de facto que gobernaron la Nación. Mediante esta estrategia, los denominados decretos leyes, o leyes de facto, se convirtieron en una práctica recurrente. Este tipo de disposiciones son contrarias a un gobierno constitucional y representativo de las mayorías.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, el organismo más importante del Poder Judicial, tiene como deber garantizar la aplicación de la Constitución. Sin embargo, cuando en 1943 tiene lugar el golpe de Estado contra Ramón Castillo, tiene inicio la denominada Década Infame. En aquella época, pocos años después, la Corte Suprema de la Nación ratificó la promulgación de estos decretos leyes.
Con el paso del tiempo, esta práctica se ha reducido en el país, dado el trasfondo histórico que tiene; sin embargo, continúa siendo un instrumento disponible que incluso los gobiernos democráticos utilizan.
Citar este artículo
Fernández, A. M. (27 de julio de 2022). Definición de decreto. Usos, historia y ejemplos. Definicion.com. https://definicion.com/decreto/
