Definición de ciudadanía

La ciudadanía es la cualidad y el derecho de ser ciudadano. También, se entiende por ciudadanía al conjunto de los ciudadanos de un pueblo o país. Ser ciudadano implica formar parte de una comunidad social con derechos civiles y obligaciones cívicas comunes como tener una identidad nacional, gozar del amparo y respeto de las leyes, acceder a la votación y a la participación política.

La ciudadanía es un vínculo jurídico y político que vincula a la persona con el Estado y la Nación. Ser ciudadano implica tener una nacionalidad y ser integrante de una comunidad social, territorial y política. La ciudadanía otorga a los ciudadanos el status de ser sujetos de derechos, iguales ante la ley y con las mismas garantías, libertades y obligaciones. En términos internacionales, el pasaporte es un documento oficial emitido por los gobiernos que certifica la identidad y la nacionalidad de las personas para viajar a otros países.

En términos jurídicos y políticos, un ciudadano se define como titular de derechos y obligaciones civiles y como miembro de la comunidad política de una nación. La ciudadanía expresa la pertenencia que el ciudadano tiene de formar parte de la comunidad política de un pueblo. En la democracia como sistema político basado en la soberanía de la sociedad civil, la ciudadanía representa el pilar fundamental de todo orden político democrático.

La participación comunitaria de la ciudadanía en el gobierno y los asuntos del Estado es fundamental en el desarrollo de las sociedades democráticas. Mediante la Constitución, se garantizan los derechos fundamentales a la ciudadanía basados en los derechos humanos, civiles y políticos de la población. La ciudadanía tiene derecho a la participación y la representación política dentro del Estado como garantía de la soberanía popular.

En materia educativa, la educación cívica es una asignatura encargada del estudio y la enseñanza de los derechos y obligaciones civiles de los ciudadanos. Se trata de una materia escolar fundamental para el desarrollo de una ciudadanía educada en el pleno conocimiento y ejercicio de sus derechos y obligaciones en la sociedad. La educación cívica trata cuestiones fundamentales de la ciudadanía como la legislación, el territorio, la soberanía, la autonomía, la inmigración, la diversidad, el multiculturalismo, entre otros temas centrales que hacen a la ciudadanía.

El concepto de ciudadanía a través de la historia.

La ciudadanía en la Antigüedad (Grecia y Roma).

El concepto de ciudadanía ha cambiado y se ha transformado a lo largo de la historia. Desde la antigüedad, la ciudadanía representó un concepto central en la organización política y social de los pueblos y ciudades antiguas.

En la cultura occidental, el concepto de ciudadanía se remonta a la Antigua Grecia, donde ser ciudadano implicaba formar parte activa de los asuntos políticos del Estado. Sin embargo, en las polis griegas no todos gozaban del derecho de ser ciudadanos: las mujeres, los esclavos y los extranjeros no eran considerados parte de la ciudadanía y, por ende, no gozaban de los derechos civiles de los ciudadanos de la polis, entre ellos el derecho a la participación política y a la propiedad. Ser ciudadano griego implicaba cierto status de privilegio otorgado únicamente a los varones libres que contaban con cierto nivel de riqueza y que habían nacido o se habían naturalizado en la polis.

Uno de los principales desarrolladores del concepto de ciudadanía fue el filósofo griego Aristóteles, quién definió a la ciudadanía como el centro alrededor del cual se organiza la vida política de los ciudadanos en la polis. Según Aristóteles, las obligaciones y responsabilidades ciudadanas representan la tarea más importante y esencial de los individuos. Es ciudadano quien forma parte activa de la polis y desempeña una función social orientada al bien común.

En el libro III de la Política, Aristóteles se pregunta ¿Qué es ser ciudadano? ¿A quién se llama ciudadano? Al primer interrogante, Aristóteles responde que ser ciudadano implica ser titular de los derechos y obligaciones de formar parte activa del poder público. Según Aristóteles, el ciudadano es aquel que participa de manera activa en el poder político y los asuntos de la vida pública.

Sin embargo, el concepto aristotélico de ciudadano no incluía a las mujeres ni a los esclavos en el ejercicio de la ciudadanía. En la polis de Aristóteles, sólo eran considerados ciudadanos aquellos hombres mayores de edad, residentes permanentes de la polis y que no presentaban deudas.

Durante la Antigua Roma, el concepto de ciudadanía romana guardaba importantes similitudes con la ciudadanía griega. Sin embargo, a diferencia de los griegos, los romanos consideraban que todo aquél que habitaba en la civitas (ciudad) tenía el derecho de ser considerado ciudadano. Los propios esclavos podían conseguir su libertad y llegar a ser considerados ciudadanos romanos.

La ciudadanía romana fue menos excluyente que la griega, debido a que se trataba de un imperio conquistador, su política de extranjeros fue más abierta y permitió a los nuevos pobladores una ciudadanía de baja categoría. Los ciudadanos de los pueblos conquistados no podían participar de los asuntos públicos pero sí contaban con la protección de la ley romana, incluso podían suscribir contratos y casarse con los ciudadanos nativos de Roma. La política ciudadana extranjera permitió la integración progresiva de la cultura romana en los nuevos pueblos y tierras conquistadas.

No obstante, la ciudadanía romana podía perderse por tres motivos fundamentales:

• Por ser extranjero.
• Por caer en la esclavitud.
• Por migrar de una ciudad a otra.

El concepto romano de ciudadanía incluía derechos como:

• Constituir una familia.
• Tener esclavos y poder liberarlos.
• Votar en los comicios.
• Participar en los asuntos de guerra y de paz.
• Designar magistrados.
• Ser electo para integrar las magistraturas.

Ciudadanía en la Modernidad.

El modelo de ciudadanía basado en la comunidad cambia con el advenimiento de los Estados modernos, cuyo surgimiento se da a partir de la Revolución Francesa y los cambios sociales y políticos impulsados por las ideas de la Ilustración. Según los pensadores ilustrados, el concepto de ciudadano no reside en la integración a la comunidad sino que es intrínseco a la libertad individual de las personas, la cual antecede y condiciona a la comunidad.

A diferencia del comunitarismo antiguo, el concepto moderno de ciudadanía se basa en el individuo y no la comunidad como centro de los derechos y obligaciones políticas. Este cambio extendió la consideración de que «todos los seres humanos nacen libres e iguales» y que dicha libertad e igualdad es intrínseca a sus propios derechos, lo que expandió la ciudadanía a un mayor número de personas.

El concepto moderno de ciudadanía está basado en la idea del contrato social, un acuerdo real o hipotético mediante el cual los individuos libres se comprometen a forjar un gobierno común y someterse a su autoridad. Autores como Jean Jaques Rousseau, John Locke o Thomas Hobbes consideraron que la sociedad civil y el Estado surgen a partir del pacto social entre hombres libres para conformar un orden político que los represente y ampare ante la ley de forma libre e igualitaria.

A partir de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789) quedó establecido que los derechos sociales, civiles y políticos descansan sobre la idea de la libertad, la igualdad y la fraternidad como nexos coordinantes de los individuos libres en la comunidad. Así, el ciudadano moderno se constituye como un individuo libre que vive en comunidad a través de gozar de los mismos derechos y obligaciones civiles compartidos con el resto de los ciudadanos.

El rol de las mujeres en la ciudadanía: una deuda histórica.

Si bien, los cambios sociales y políticos impulsados por la Revolución Francesa significaron una ampliación en materia de derechos de ciudadanía, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano reconoció únicamente a los varones y no incluyó a las mujeres en la participación política y el derecho a ser ciudadanas en el sentido de acceder al poder público.

Por esta razón, en 1791, la escritora y revolucionaria francesa Olympe de Gouges escribió un texto en el cual proclamó la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. La declaración de Gouges se convirtió en un emblema de la lucha histórica de las mujeres por la participación política y el reconocimiento de los derechos de la mujer. Sin embargo, por estas ideas y por haber denunciado la dictadura que sobrevino al movimiento revolucionario posterior a la Revolución Francesa, en 1793, Olympe de Gouges fue juzgada y condenada a muerte por el propio gobierno de Robespierre.

La obra Gouges sentó las bases de las futuras luchas feministas por conquistar la ciudadanía y la igualdad de derechos. Entre las ideas más destacadas de la declaración se encuentran:

• La universalización de los derechos humanos.
• La igualdad de derechos entre el hombre y la mujer.
• Derecho femenino al voto y a la propiedad privada.
• Acceso a una educación igualitaria.
• Derecho a la participación política y equidad en el acceso a cargos públicos.
• Igualdad de poder en la familia, la sociedad y la cultural.

Durante los siglos posteriores, la lucha de las mujeres por la conquista de una ciudadanía igualitaria y justa continuó. Sin embargo, no fue sino hasta finales del siglo XIX y principios del XX que las luchas feministas alcanzaron, por primera vez, la conquista del sufragio femenino. En este largo y conflictivo proceso de activismo y lucha, se destacaron las sufragistas británicas como Emmeline Pankhurst, Mary Richardson, Millicent Fawcett, Emily Dvidson y Any Kenney, entre muchas otras. Los movimientos sociales feministas alcanzaron el sufragio femenino a partir de la lucha de las mujeres por la igualdad de derechos y la construcción de una ciudadanía igualitaria en todos los aspectos de la vida social y política de la comunidad.

Evolución histórica de la ciudadanía según Thomas Marshall.

En su obra Citizenship and social class (1950), el sociólogo Thomas Marshall concibió a la ciudadanía como el estatus que se concede a las personas de ser miembros de pleno derecho de una comunidad. Sus titulares son considerados iguales en términos de derechos y obligaciones. Según Marshall, la ciudadanía es un concepto que evolucionó a lo largo de la historia mediante la progresiva y creciente adquisición de derechos a través de un proceso histórico que se fue desarrollando por etapas:

1. Siglo XVIII conquista de los derechos civiles.
2. Siglo XIX conquista de los derechos políticos.
3. Siglo XX conquista de los derechos sociales.

La evolución histórica del concepto de ciudadanía moderno se constituyó a partir de la consolidación de los derechos civiles, políticos y sociales de la población. En este sentido, Marshall definió a la ciudadanía a partir de tres grandes dimensiones:

• Pertenecer a una comunidad que otorga identidad nacional.
• Capacidad de los ciudadanos de formar parte de las decisiones públicas y políticas de la comunidad.
• Amparo de la ley como garantía de derechos y obligaciones iguales para todos los ciudadanos.

Aspectos legales de la ciudadanía.

¿Cómo se adquiere la ciudadanía?.

Los países tienen diversas formas de definir a quiénes se le otorga el goce de ser ciudadano o ciudadana de la nación. La mayoría de las naciones del mundo vinculan la ciudadanía al ser nacional de cada país y al hecho de alcanzar la mayoría de edad estipulada por la ley. En este sentido, la nacionalidad puede ser adquirida de dos maneras:

• Ius sanguinis: Del latín «derecho de sangre», hace referencia a que la ciudadanía es heredada, si el padre o madre tienen la ciudadanía de un país, sus hijos heredarán también el carácter de ciudadanos.
• Ius solis: Del latín «derecho de lugar», refiere a que la ciudadanía se otorga por el lugar de nacimiento. Sin importar la nacionalidad de los padres, el hecho de haber nacido en un determinado país convierte a la persona nativa en ciudadana del mismo.

Todos los países del mundo adoptan alguna de estas dos formas de obtener la nacionalidad. Algunos países combinan ambas en un sistema mixto que permite a personas provenientes de otros países obtener la nacionalidad a través del cumplimento de ciertos requisitos. En el caso de Argentina, se utiliza la forma del ius solis y también se acepta la ciudadanía dual (doble nacionalidad) de aquellas personas nacidas en Argentina que, siendo hijos de personas de otros países, quieran contar con el ius sanguinis de sus padres.

Se conoce como naturalización al proceso a través del cual las personas adquieren la ciudadanía de otros países y se «naturalizan» a la nueva sociedad, cultura y vida pública de la nación. La naturalización depende de ciertos requisitos orientados a demostrar el vínculo efectivo de la persona con el nuevo país (antigüedad de residencia, manejo del idioma, conocimiento de la tradición y la cultura).

Existe una tercera forma de nacionalización que es la naturalización por matrimonio (iure matrimonii), mediante la cual el casamiento con un habitante nacionalizado en un país otorga la nacionalidad a su conyugue en el registro civil. A partir del cumplimiento de ciertos requisitos, el matrimonio se convierte en otra forma de naturalización de la ciudadanía de personas extranjeras.

Por otra parte, se llama apátrida (sin patria) a aquellas personas que no cuentan con ninguna nacionalidad. Si bien esta condición es poco frecuente, los Estados democráticos modernos buscan evitarla mediante acuerdos y tratados internacionales como la Convención del Estatuto de Personas Apátridas, que busca naturalizar y nacionalizar a todas aquellas personas que aún no cuenten con la ciudadanía del país en el que residen.

Derechos y deberes del ciudadano.

Los ciudadanos, por el simple hecho de ser ciudadanos, poseen todos los derechos, libertades y garantías contempladas en los tratados internacionales de derechos humanos. Este conjunto de derechos son inalienables a su condición de ciudadano y constituyen la base fundamental de su ciudadanía. Entre los derechos ciudadanos más importantes se destacan:

• Derecho a la vida.
• Derecho a la integridad física y psíquica.
• Igualdad ante la ley.
• Libertad de consciencia y libertad religiosa.
• Inviolabilidad de la privacidad.
• Derecho al servicio público.
• Derecho a la educación pública.
• Derecho a la salud pública.
• Libertad de opinión y libre expresión.
• Derecho de reunión y libre asociación.
• Derecho a la seguridad social.
• Derecho a la libre circulación.
• Derecho a la propiedad intelectual y derechos de autor.
• Derecho al trabajo y remuneración justa.

Además de este conjunto de derechos civiles, sociales y políticos, los ciudadanos también deben cumplir con un conjunto de responsabilidades y deberes que hacen a su propia ciudadanía. Entre los deberes más importantes del ciudadano se destacan:

• Acatar, defender y velar por el cumplimiento de las leyes y la defensa de la Constitución.
• Respetar los derechos ajenos y no hacer abuso de los propios.
• Actuar conforme al principio de solidaridad social.
• Deber de adquirir la educación obligatoria.
• Deber de ejercer su derecho al voto.
• Deber de cumplir con la contribución fiscal y la tributación.
• Deber de cooperar con la asistencia y la seguridad social.
• Deber de responsabilidad para con los hijos y los padres.

Pérdida o renuncia de la ciudadanía.

En casos específicos, existe la posibilidad de la pérdida de la ciudadanía por muy diversos motivos. Si bien, esta situación no es deseable para ninguno de los países, debido a que se busca por todos los medios que las personas no queden apátridas y marginadas de la sociedad, es una realidad que esta práctica sucede en muchos de los Estados del mundo, en la actualidad. La privación de la ciudadanía se refiere a circunstancias en las cuales un Estado le quita la nacionalidad a sus ciudadanos o porque los ciudadanos mismos renuncian a su nacionalidad.

Frente a la posibilidad de pérdida o renuncia de la ciudadanía, la ACNUR (Agencia de la ONU para los refugiados) emitió un conjunto de directrices orientadas a guiar a los Estados, con el fin de evitar que se vulneren los derechos de las personas en materia de ciudadanía y nacionalidad.

Las directrices de la ACNUR contienen orientación acerca del derecho internacional y el marco legal para el tratamiento de la apatridia y los derechos humanos referidos a la privación de la nacionalidad. Se trata de un documento que recoge las principales directrices de las dos convenciones más importantes acerca de la apatridia:

• Convención sobre el Estatuto de los Apátridas (1954).
• Convención para Reducir los Casos de Apatridia (1961).

Según la ACNUR, la pérdida de la nacionalidad se produce por circunstancias en las cuales la ley puede retirar directamente la nacionalidad de una persona. Un ejemplo puede ser cuando la ley de determinado país estipula que la nacionalidad puede perderse a partir de pasar un tiempo prolongado residiendo en otro país.

El derecho a la nacionalidad es considerado un derecho humano fundamental inalienable a la persona humana. Por esta razón, el derecho internacional prohíbe terminantemente la privación arbitraria de la nacionalidad, sancionando especialmente los motivos religiosos, raciales, étnicos o políticos. La Convención de 1961 prohíbe también la privación de la nacionalidad cuando esta dejaría a la persona apátrida. Sin embargo, algunos motivos excepcionales pueden ser causa efectiva de la privación de la nacionalidad:

• Cuando se ha adquirido la nacionalidad mediante fraude o tergiversación de la documentación.
• Cuando se rompe con el deber de lealtad al Estado por diversos motivos.
• Cuando se permanece durante un tiempo prolongado residiendo en otro país.
• Deportación por razones penales.
• Por renuncia de la persona a su nacionalidad, siendo que la misma renuncia no dejara apátrida a la persona.

Ciudadanía y participación política.

En términos políticos, ser ciudadano implica ser integrante de un Estado y estar adscripto a una serie de normas sociales, leyes y acuerdos compartidos que conforman y hacen posible la comunidad política. En este sentido, la participación política de los ciudadanos constituye un elemento fundamental de su ciudadanía. Se conoce como ciudadanía activa, a aquellos ciudadanos que participan activamente de los asuntos públicos y políticos en relación al Estado y el gobierno. Se llaman derechos políticos al conjunto de garantías y libertades que los ciudadanos tienen en materia de organización, asociación y participación política. Algunos de los derechos políticos más importantes son:

• Derecho al voto y a participar activamente de elecciones democráticas.
• Derecho a postularse a cargos públicos, realizar campañas electorales y ser electos democráticamente.
• Derecho a ocupar todo tipo de cargo público (jefe de Estado, senador, diputado, alcaldía, etc.).
• Libertad de expresión política: Los ciudadanos tienen el pleno derecho de expresarse políticamente sin censura o prohibición de ningún tipo.
• Libertad de asociación política: Los ciudadanos tienen el pleno derecho y libertad de formar partidos políticos, sindicatos y otro tipo de organizaciones civiles.
• Derecho de acceso a la información política: Los ciudadanos tienen el pleno derecho de estar informados acerca de la gestión del Estado y las decisiones públicas.
• Derecho de protesta pacífica: Los ciudadanos cuentan con el derecho de manifestación pacífica y a estar en desacuerdo con las decisiones políticas del gobierno.
• Derecho a la participación en referéndums: Los ciudadanos tienen derecho a decidir sobre cuestiones importantes de la nación mediante votación directa.
• Derecho a presentar objeción de conciencia: Los ciudadanos tienen el derecho de rechazar participar en acciones que vayan en contra de sus propias creencias.

Ciudadanía y globalización.

En la actualidad, los debates acerca del concepto de ciudadanía alcanzan niveles vinculados con la globalización y la ciudadanía global. En un mundo globalizado, el concepto de ciudadanía atraviesa una transformación en su propia definición debido a la complejidad de los nuevos vínculos internacionales. Las migraciones han sido históricamente un factor globalizador de la ciudadanía, fenómeno que se ha incrementado a lo largo de las últimas décadas gracias a los procesos de globalización e internacionalización de la ciudadanía.

En Europa, el fenómeno migratorio ocupa un lugar central en los debates referentes a la ciudadanía. En muchos países europeos, se plantea el problema de la ciudadanía irregular y la exclusión política y social que se vincula con los habitantes no naturalizados de la región a los que no se les reconoce una gran parte de sus derechos civiles. Además, los ciudadanos europeos que residen en otros países y que, sin embargo, no tienen la nacionalidad, tampoco gozan de los mismos derechos que los habitantes «nacionales» del país.

En este marco, la Unión Europea lleva adelante la integración de los países europeos en estructuras supranacionales que tienden a la unificación económica y política en materia de Estado y población. La UE cuenta con una política de inmigración integrada a partir de la ciudadanía europea, la cual otorga el título de ciudadano europeo a todo aquél que posea la nacionalidad de algún Estado perteneciente a la Unión Europea.

Los fundamentos sobre los cuales se erigieron los Estados-nación modernos están sufriendo importantes cambios debido a la globalización. Las principales razones para la seguridad nacional y la protección política de los Estados frente a los «enemigos potenciales» se ha vuelto anacrónica y es preciso reconfigurar las condiciones de relación internacional entre las naciones, especialmente, en materia de ciudadanía y migración.

Algunas medidas internacionales de ampliación de la ciudadanía son:

• Pasaporte y doble nacionalidad.
• Visa y permiso de residencia.
• Extranjería y asilo político.
• El consulado y la embajada como aparatos de representación civil y política extranjera.
• Política de fronteras y cooperación internacional.

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Aci, E. M. (26 de agosto de 2024). Definición de ciudadanía. Historia, derechos y obligaciones ciudadanas, aspectos legales, sociales y políticos. Definicion.com. https://definicion.com/ciudadania/